El guardián de los libros

Por Marisol Córdoba, Francisco Dalmasso y Leticia Martin // marisol.cordoba.10@gmail.com / fran.dalmasso@hotmail.com / leticiamartinelem@gmail.com

 

Entrevista a Fernando Soto 

El abogado Fernando Soto se desempeña hace varios años como apoderado de María Kodama, heredera universal de los derechos de su obra. De los numerosos litigios que ha llevado a cabo, el último suscitó una especial atención por parte del campo intelectual, debido a lo inusual del caso: la demanda penal contra el escritor Pablo Katchadjian. En esta entrevista, el defensor de la viuda cuenta los pormenores del reclamo y qué esperan de la causa después del fallo, que favoreció a Katchadjian.

¿Cuál es el delito que comete Katchadjian, en El Aleph engordado, para que la Sra. Kodama le inicie un juicio penal?

Básicamente, es el de defraudación a la propiedad intelectual, previsto en los artículos 71 y 72 de la ley de Propiedad Intelectual Nro.11.723. Allí se establece que comete ese delito quien de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce dicha ley. De acuerdo a lo normado en el inciso “a” del art. 72 de la ley de Propiedad Intelectual, la edición, venta o reproducción por cualquier medio o instrumento, de una obra sin autorización de su autor o derechohabientes constituye un caso especial de defraudación. Conforme a lo normado en el inciso “b” de ese artículo, constituye defraudación a la propiedad intelectual la edición, venta o reproducción de una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto. En El Aleph Engordado se ha cambiado el nombre del título de la obra original de Jorge Luis Borges, se suprimió el nombre del autor cambiándolo por el de Katchadjian y se alteró su texto dolosamente.

¿Por qué considera usted que la intención de Katchadjian es dolosa y defraudatoria? ¿Qué gana realmente un autor que sólo hace 200 ejemplares de un libro?

En derecho penal se dice que existe dolo cuando quien comete un hecho ilícito lo hace con conocimiento de la ilicitud y con la voluntad de cometer el acto que ejecuta. Katchadjian sabía que la obra era ajena y alteró deliberadamente el texto de una de las más valiosas obras de Borges, con total conocimiento de su acto, con la voluntad deliberada de hacerlo y con un total desprecio hacia el respeto de los derechos ajenos y del derecho moral del autor. No deberá confundirse (como parece sugerirlo la pregunta) que, si existe un monto económico exiguo entonces no habría delito. Primero que en el caso concreto ello no es así, el libro se vendió copiosamente en las librerías céntricas, agotándose rápidamente. No hay ninguna prueba de que “sólo” haya vendido 200 ejemplares. Es lo que el imputado dice públicamente pero no lo prueba judicialmente, negándose a aportar elementos que podrían acreditar ese extremo. Lo cierto es que las ganancias por las ventas de El Aleph engordado fueron percibidas por el imputado, quien ha admitido ser el operador económico responsable de la edición, distribución y venta de “su” obra, que en realidad, es la obra de Borges. Pero hay algo más que se pasa por alto, y es que la querella iniciada no es una demanda civil donde se reclama una suma de dinero. La Sra. María Kodama no le ha reclamado ninguna indemnización al Sr. Katchadjian, ya que su intención no fue la de obtener una reparación económica, sino la de hacer reparar un agravio a sus derechos y a la obra de Jorge Luis Borges.

En una carta de lectores publicada en La Nación el día 9 del corriente, una colaboradora de María Kodama [Gabriela Cittadini], en respuesta a unas declaraciones de Maximiliano Tomas, hace referencia a que la querella agotó todas las instancias de diálogo antes de iniciar acciones legales contra Katchadjian. El abogado de la otra parte niega que sea así. ¿Cuáles fueron las instancias de diálogo entabladas?

La carta que envió Gabriela Cittadini al diario fue por su propia cuenta y sin ejercer la representación de la Sra. María Kodama. No hubo instancias de “diálogo”, ya que ello no está previsto legalmente frente a la comisión de un hecho ilícito. Por lo demás, una vez que se advirtió el hecho denunciado, la acción desplegada por Katchadjian ya se encontraba totalmente agotada, y dado que no hubo un fin de reclamo pecuniario, nada había para “dialogar” sobre las conductas reprochadas.

¿Qué otras alternativas se barajaron antes de decidir la demanda penal?

En nuestra legislación no existen alternativas al inicio de una acción penal. Actualmente se encuentra en estudio un proyecto de reforma del Código Penal que abarca la mediación penal y otros medios alternativos de solución a los conflictos legales que presenta un hecho ilícito, pero aún el nuevo código no está en vigencia.

¿Qué piensa de la difusión gratuita de libros en Internet?

En la medida en que se respeten los derechos de propiedad intelectual, o sea, los derechos de las personas, no veo obstáculo para la difusión gratuita de libros en Internet, ni de películas, programas de software, música, etc. Pero los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás, sea cual fuere el tipo de derecho de que se trate (propiedad intelectual, derechos humanos, derechos patrimoniales, derechos de familia, de minoridad, etc.).

¿Por qué cree que el juez falló a favor de Pablo Katchadjian?

Porque para eso existe un proceso judicial y la libertad de decisión en los actos jurisdiccionales. Los jueces son libres de emitir sus fallos de acuerdo a su convicción basada en las pruebas y en el derecho vigente, y las partes del proceso tienen el derecho de apelar esas decisiones para que los tribunales superiores las revoquen, como espero suceda en este caso. Como el proceso penal es reservado, no me encuentro habilitado para difundir las resoluciones judiciales, no obstante en la web se ha publicado el fallo dictado en primera instancia y se han hecho públicos los motivos de la decisión judicial. No obstante sí puedo comentar que dicha decisión se basó en un proceso judicial donde se ha omitido la producción de pruebas fundamentales para decidir la cuestión investigada, tomándose como auténticas pautas que no se encuentran probadas para valorar debidamente la supuesta ausencia de un obrar ilícito por parte del imputado. Confiamos que la intervención de la Cámara de Apelaciones corregirá los defectos de la decisión apelada, mandando continuar con el proceso ordenando la realización de las medidas de prueba indispensables para valorar debidamente los hechos denunciados, como sucede habitualmente en otros casos de violación a la propiedad intelectual que se encuentran en trámite en la Justicia de nuestros tribunales. // RT2

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